Soy republicana. Como lo era mi abuelo Luis, que fundó y dirigió Tribuna del Magisterio; periódico editado en su casa y escuela, en el centro histórico de Valencia, en el participaban intelectuales de la talla de Domingo Barnés, amigo y discípulo de Ortega y Gasset. Su precio era de 20 céntimos y la suscripción anual de 3 pesetas.
Hace unos años no me hubiera atrevido a hacer publica está afirmación. No era políticamente correcto. La familia real era intocable, y su conducta en los medios parecía irreprochable. Pero como todos sabemos, a tenor de los últimos acontecimientos, nada es, a veces, lo que parece.
No voté la Constitución, que dice que el Estado español es una monarquía parlamentaria. Y si ahora tuviera la oportunidad de ejercer mi derecho a decidir la forma política que quiero para mi país, sé lo que votaría. Aprecio la defensa que dicen que hizo el rey por la democracia durante el 23F. Pero es historia. Y el monarca ha sido reconocido y recompensado por ello, según el New York Times.
Además de disfrutar de la caza de elefantes en Bostwana con su amiga Corinna, con la que se ha paseado por medio mundo sin ningún pudor. Una asesora de lujo, que participó en un acto organizado por Iñaki Urdangarin en Valencia Summit, como demuestran los correos que su socio, Diego Torres, ha facilitado al juez que investiga el caso Nóos, José Castro.
El yerno del rey está imputado por apropiación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración y prevaricación. El Instituto Nóos, una asociación filantrópica, “estaba presidida por un desmedido ánimo de lucro”, según Castro. Con grandes negocios en la Comunidad Valenciana, por los que la oposición no ha parado de preguntar, sin obtener respuesta.
Ha tenido que pasar más de un año para que el Gobierno Valenciano decida personarse en el caso. Por la vía civil. Y ha sido tras la dura y categórica acusación de Castro sobre la irresponsabilidad del ejecutivo valenciano en el control de las finanzas públicas.
Muy mal se hicieron las cosas. Sin concurso público se adjudicaron millones de euros. Calderilla para quien hoy defiende la transparencia en las cuentas de su partido, Esteban González Pons, que firmó un convenio de 5 millones de euros para organizar unos juegos europeos que no se realizaron, pero por los que se pagaron a Nóos 382.000 euros.
El ayuntamiento de Valencia, que dirige la popular Rita Barberá, sigue sin personarse en el caso a pesar de las recomendaciones del juez en este sentido. Aduce que quién firmó los contratos fue el director-gerente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, José Salinas, que depende del consistorio, aunque desde el mismo se insiste en que es autónoma en sus decisiones. La presidencia de la fundación es del vicealcalde, Alfonso Grau, y más del 70% del presupuesto en 2011 era del Ayuntamiento. “No se puede esconder. La fundación son ellos mismos. Se esconden detrás de su misma foto”, ha denunciado el portavoz de Compromís, Joan Ribó.
Mi perplejidad ha ido en aumento esta semana, al conocer el recurso presentado por Urdangarin ante la fianza de más de 8 millones de euros que el juez le ha impuesto a él y a su socio. El ex jugador de balonmano se vería abocado a un injusto empobrecimiento.
Sin embargo, Urdangarin y su señora, Cristina, han pasado el verano afligidos, descansando en las playas de Biarritz, como mostraba la revista Hola a cinco páginas, para luego distraerse en uno de los mejores hoteles de la ciudad de la mafia, Las Vegas.
Soy republicana, más que nunca. La revista Vanity Fair, en su número de febrero lleva un artículo sobre las monarquías europeas y la ley sálica, que el Reino Unido ha derogado por ser arcaica. ¿Y qué es la monarquía?.
Como dice hoy la filósofa Victoria Camps, en El País Semanal, “la corrupción política, en estos tiempos, ciertamente, me da asco”.
También publicado en El Quinto Poder.
Twitter